Tu empresa está en RAI o ASNEF. El inmueble decide, no el fichero.

El RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) es un fichero de solvencia exclusivo de personas jurídicas: solo inscribe a sociedades, nunca a particulares. Se entra por impagar efectos con fuerza ejecutiva en los que consta la firma del deudor —pagarés, letras aceptadas, cheques— desde 300 € por documento. Basta un único pagaré devuelto, y da igual que la empresa facture millones o que el impago fuera un descuadre puntual: el fichero recoge el hecho, no el contexto. La banca lo consulta de forma sistemática antes de conceder crédito.

El RAI solo admite personas jurídicas y solo recoge efectos impagados (pagarés, letras, cheques), con una permanencia máxima de 30 meses. ASNEF-Equifax es un fichero generalista: inscribe a particulares y también a empresas, por cualquier deuda cierta, vencida y exigible previamente reclamada —una financiera, una teleco, un renting—, con el límite de permanencia de 5 años que fija el artículo 20 de la LOPDGDD. Una misma empresa puede estar en los dos a la vez. Para nuestra operación la diferencia es informativa: ambos se aceptan y ninguno decide.

Hay tres vías. La primera y más rápida: pagar el efecto al tenedor, acreditar el pago y solicitar la baja de la inscripción. La segunda: la caducidad, porque los datos no pueden permanecer más de 30 meses. La tercera: impugnar una inscripción errónea (efecto ya pagado, deuda disputada) por los derechos de rectificación y supresión, con reclamación ante la AEPD si el fichero no responde. Nuestra operación usa la primera: parte del préstamo paga el efecto el día de la firma y la baja se tramita con el justificante.

Porque el RAI está integrado en su scoring como filtro previo: la consulta es automática y una inscripción vigente para el expediente antes de que ningún analista mire las cuentas. No es un empleado antipático, es la política de riesgos codificada, y por eso insistir en más bancos rara vez cambia nada. El capital privado con garantía funciona con la lógica inversa: primero la tasación del inmueble, después el fichero como contexto. Lo que en banca es un muro, aquí es una nota al pie.

Si quieres, sí, y es lo que recomendamos cuando la deuda origen sigue viva. En la oferta mercantil se reserva la cantidad exacta para pagar al acreedor —el tenedor del pagaré, la financiera, la teleco— en la firma; con el pago acreditado se solicita la baja: el mismo préstamo que da liquidez a la empresa la saca del fichero. Si la deuda ya estaba pagada y la inscripción es un residuo sin tramitar, no hay nada que cancelar: te orientamos sobre la baja y el préstamo se destina íntegro a la empresa.

Con nosotros, no, y preferimos decirlo a la primera: solo hacemos préstamo con garantía hipotecaria sobre inmueble, de la sociedad o de sus socios, siempre que no sea la vivienda habitual de una persona física. Sin ese activo no tenemos producto, y desconfía de quien prometa dinero rápido a una empresa en RAI sin garantía alguna: o no llega, o llega a precio de usura. Las alternativas reales sin inmueble —factoring, anticipos de clientes, capital de socios— son terrenos que nosotros no pisamos.

No. El TIN se fija por la banda de LTV —el porcentaje que el préstamo representa sobre el valor de tasación— dentro del rango público del 10,95 % al 12,95 %, y esa tabla es la misma con fichero y sin él. Lo que sí puede pasar es que el caso se dimensione de forma más conservadora: si la inscripción revela una tensión de tesorería seria, la cuota se ajusta para que sea pagable de verdad. Eso afecta al importe y al plazo recomendados, no al precio del dinero.

30.000 €, un mínimo deliberadamente más alto que el general de la casa, y con una razón honesta: la hipoteca conlleva costes fijos de tasación, notaría y registro que por debajo de esa cifra pesan demasiado, y las inscripciones pequeñas casi siempre se resuelven mejor pagando directamente al acreedor o disputando la anotación, sin hipotecar nada. Si tu caso es una marca pequeña y aislada, te lo diremos en la primera llamada y te ahorrarás la tasación.

Pagada y acreditada la deuda, el acreedor debe comunicar la baja al fichero: la LOPDGDD impide mantener datos de un impago que ya no existe. En la práctica, entre el pago en la firma y la desaparición de la anotación pasan de unos días a pocas semanas, según la diligencia del acreedor. Si la anotación persiste con el justificante en la mano, se reclama la supresión al fichero y, en última instancia, ante la AEPD. Importante para tu planificación: la baja borra la anotación, pero cada banco decide cuándo vuelve a confiar.